Michigan courts have broad authority to fix shareholder oppression and restore fairness. Depending on the facts, a court may order remedies such as:
- A forced buyout of the minority shareholder’s interest
- Financial damages for lost income or profits
- Restoration of voting, management, or information rights
- Injunctions stopping further oppressive conduct
- Judicial dissolution of the company in extreme cases
The goal isn’t punishment—it’s to stop abuse of power and protect what the minority shareholder reasonably expected when they invested.
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